diciembre 27, 2004
EL FUTURO DEL SAHARA. AHMED BUJARI
EL FUTURO DEL SAHARA
AHMED BUJARI. Representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas
El artículo del ex embajador español en Marruecos, Arias-Salgado, publicado por ABC («Un futuro democrático para el Sáhara Occidental») en su edición del 26-11-2004, constituye una contribución, a mi modo de ver, honesta a un debate sobre un tema que interesa en primer lugar al pueblo saharaui pero también a la antigua potencia colonial, al Magreb y a las instancias internacionales.
El calibre y experiencia del autor realzan la importancia de las reflexiones e ideas articuladas mediante una técnica de deducción aristotélica cuyas premisas iniciales son objetivamente irrefutables pero, dada la falta de consistencia de la premisa intermedia, los resultados finales a que llega el espléndido ejercicio mental son discutibles.
Es cierto que «no cabe duda de que la legalidad internacional reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental». Es cierto también que, a pesar de ello, el conflicto no ha sido todavía resuelto. El Consejo de Seguridad, por influencia directa de Francia, se opuso a la solicitud expresa realizada por Baker de elevar el grado de presión mediante el recurso al Capítulo VII de la Carta de la ONU a fin de hacer más viable y creíble el avance hacia el referéndum de autodeterminación.
Ahora bien, el proceso no ha avanzado en la dirección que debería hacerlo no porque «Marruecos ha ganado la guerra» ni porque, en base a la declaración cuanto menos procaz de Fehri a la que Arias-Salgado hace referencia, el problema sigue radicando en la definición del cuerpo electoral.
La visión de Arias-Salgado sobre los dos elementos -premisa intermedia- no es evidentemente una visión propia pero la incorpora a título de apoyo básico al conjunto del análisis dándole un valor cercano a la «santidad de los hechos», lo que le empuja a acariciar la idea de volver a recurrir al Tribunal de La Haya para resolver un problema que en realidad está resuelto.
No es la primera vez que oímos los saharauis aquello de «Marruecos ganó la guerra». La afirmación envuelve un argumento que conlleva implícitamente la invitación a la «rendición».
Nadie ha ganado la guerra ni hay solución militar al conflicto. Los saharauis podríamos decir que la hemos ganado al haber impedido que Marruecos -una gran potencia militar, cambiando lo que hay que cambiar- obtuviese una victoria total y decisiva. Los muros defensivos son el reflejo de una incapacidad de llegar a ella. Su ejército está estancado en una inmensidad desértica y su sola intendencia exige a un país catalogado por la ONU en el puesto 126 en la lista de desarrollo un drenaje de medios difícil de mantener.
No lo decimos. Decimos simplemente que hay un alto el fuego propuesto por la ONU, que hemos aceptado y respetamos como primer paso hacia un referéndum, pero cuya consistencia está en relación directa con la solidez del proceso político hacia la solución de un problema de descolonización.
Ningún problema de descolonización fue resuelto por medios militares. Indonesia había creído en los efectos irreversibles de su superioridad militar respecto a los limitados y mal equipados efectivos del Fretelin. Francia así lo creyó, tras la terminación de la línea Maginot, muros de alambradas eléctricas y campos minados, respecto al FLN de Argelia. La Sudáfrica del apartheid exhibió con arrogancia sus poderosos músculos militares frente a la Swapo de Namibia.
Todo conflicto de descolonización es un problema que sólo puede ser resuelto por medios pacíficos que den cabida plena al derecho del pueblo colonizado a la libre determinación.
Esto puede no lograrse ahora en el Sahara. Tal vez hará falta una década. Quizás más. No obstante, la dinámica está ahí. Los saharauis no pueden ni quieren ser la excepción a la regla general en virtud de la cual todos los pueblos coloniales tienen derecho a elegir libremente su destino. Marruecos puede y debe renunciar al Sahara Occidental y no por ello dejará de existir. Los saharauis no podemos renunciar a nuestra independencia nacional. Dejaríamos de existir. Mas nuestra existencia no significa dar la espalda a un vecino que está ahí, en nuestras fronteras. Nos hubiera gustado que fuese otro, pero no podemos cambiar la geografía.
En cuanto al censo, este elemento no puede ser hoy alegado como el problema esencial. El plan de arreglo de 1990-91 lo había resuelto con el consentimiento de Marruecos. Era el censo español de 1974 efectuado en el Sahara antes de la Marcha Verde. Las modalidades y condiciones del referéndum habían sido igualmente definidas, con el consentimiento de Marruecos.
Más tarde, de ruptura en ruptura de sus compromisos, Marruecos fue paralizando el proceso. Baker se encontró con el problema y lo resolvió en 1997 en Houston. Mas, cuando la ONU finalizó en enero de 2001 la operación de la elaboración del censo y el referéndum estaba al alcance de la mano, Marruecos planteó objeciones a través de los recursos de apelación, con los que inundaría las oficinas de la Minurso.
De nuevo, y tras una paralización larga del proceso, Baker elaboraría el llamado Plan Baker II. Es una modificación de todos los anteriores y recoge y acepta la demanda marroquí de incluir, de un plumazo, en el censo de votantes a todos los colonos que residieron en el Sahara desde la invasión del territorio hasta diciembre de 1999, colonos a quienes la Minurso había rechazado la condición de saharauis.
Nuevamente, Marruecos rechaza no ya la nueva versión del censo introducida por Baker, sino la idea básica misma sobre la cual está asentada la doctrina de la ONU, cual es el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Según Baker, el rechazo marroquí a su última propuesta fue algo que nuca pudo entender.
La rigidez de la posición marroquí, al cerrar la puerta a la vía pacífica establecida por la comunidad internacional con su acuerdo inicial, posterga de forma peligrosa la solución del conflicto y obstruye la realización de un interés regional estratégico como es la configuración del Magreb. Parece querer privilegiar el status quo, pero al mismo tiempo es consciente de que éste, a la larga, como sucedió en Indonesia, puede conducir a una implosión interna o a una reconsideración del alto el fuego o a su ruptura inopinada, ya por parte saharaui, ya por parte marroquí, para cuya lógica la guerra continuaría la política del rechazo.
Los riesgos en el horizonte son reales y la aceleración hacia dichos riesgos está siendo alimentada por la actitud de «laissez faire» adoptada por ciertas capitales europeas ante la falta de éxito de algunas de sus tentativas de cerrar en falso la herida.
Si la fuerza debe rendir homenaje a la razón, el conflicto del Sahara ha encontrado ya un camino razonable que debe y puede ser recorrido por las dos partes implicadas. España y la UE pueden y deben hacer mucho para convencer a su «socio» del sur de abrazar la razón. Si el régimen marroquí quiere convencer sobre la seriedad de sus credenciales democráticas, tiene la posibilidad de hacerlo a través de una cooperación sincera con Naciones Unidas, ya vía Plan Baker, ya vía plan de arreglo. Todo los países magrebíes y la UE, y en particular Francia y España, podríamos aunar esfuerzos para ayudar a nuestro vecino a «amortiguar» el impacto benéfico del cambio.
Si, por el contrario, la razón ha de sucumbir a la fuerza en un mundo que quiere regresar a la ley de la jungla, me parecería difícil de imaginar que algunos piensen todavía en que se podrá llegar lejos por esta vía ignorando a los saharauis, la legalidad internacional y la posición inequívoca de otros actores fundamentales para la región.
La visita del presidente saharaui a Madrid es importante. Marruecos desearía que España se desembarazara de todo compromiso con el pueblo saharaui y que permanezca en la órbita de los acuerdos tripartitos de Madrid. España podría efectivamente desembarazarse de todo, menos de su propia conciencia.
UN FUTURO DEMOCRÁTICO PARA EL SAHARA OCCIDENTAL
Por FERNANDO ARIAS-SALGADO MONTALVO. Ex embajador de España en Marruecos/
NO cabe ninguna duda de que la legalidad internacional reconoce y garantiza el derecho de libre determinación del pueblo del Sahara Occidental para decidir libre y democráticamente su futuro. Esta legalidad internacional está basada, someramente expuesta, en la Carta de las Naciones Unidas (artículo 73) y en las Resoluciones de la Asamblea General 1514 (XV), 1541 (XV) y 2625 (XXV). Todas ellas fueron analizadas por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en su dictamen consultivo de 16 de octubre de 1975 sobre el Sahara Occidental y aceptadas como «corpus juris gentium», es decir, como parte integrante del derecho internacional aplicable al Sahara Occidental como territorio no autónomo.
La esencia de esta legalidad internacional que ha evolucionado «gracias a la Carta de la ONU y a la costumbre» consiste en la aplicación de la libre determinación a todos los territorios no autónomos, lo que supone «la expresión libre y auténtica de la voluntad de los pueblos interesados» (TIJ R 1971 y R 1975).
Esta legalidad internacional que los sucesivos gobiernos democráticos españoles siempre han respetado reconoce por tanto al pueblo saharaui el derecho a la expresión «libre y auténtica de su voluntad», como ha recordado la jurisprudencia del TIJ.
Partiendo de esta premisa, la cuestión que se ha planteado en términos políticos hasta la fecha es por qué razón no se ha podido aplicar por las Naciones Unidas la legalidad vigente al Sahara Occidental. En otras palabras, por qué no se ha podido organizar todavía por las Naciones Unidas el referéndum «justo y libre» que reclama el Frente Polisario apoyado, entre otros países, por Argelia.
La respuesta la encontramos en las palabras del ex secretario de Estado norteamericano, señor Baker, en unas declaraciones a una emisora de televisión el pasado mes de junio tras su dimisión como enviado personal del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental. En su opinión, «Marruecos ganó la guerra y no ve ninguna razón por la que deba renunciar a la ocupación y anexión de un territorio que siempre (posesión inmemorial) ha reivindicado como propio».
En este contexto, la próxima visita a Madrid del secretario general del Frente Polisario, señor Abdelaziz, puede ser la ocasión de hacer ver al líder de este Movimiento de Liberación que en las Naciones Unidas es reconocido como representante del pueblo saharaui, que el conflicto con Marruecos en el contexto internacional actual no puede ser solucionado con criterios legales de aplicación automática para permitir la libre expresión de la voluntad de un «pueblo» cuando la identidad de este pueblo, como titular del derecho de libre determinación, es negada por una de las partes del conflicto.
Partiendo de esta premisa, la primera fase del Plan de Paz Baker II representa una solución política inteligente para introducir en el proceso de paz después del alto el fuego de 6 de septiembre de 1991 unas instituciones democráticas que permitan, reconociendo el «statu quo» actual, que el pueblo saharaui reunificado se exprese por primera vez en su historia de una manera libre y democrática. El «pragmatismo» de esta propuesta está basado en que, como el propio señor Baker reconoce en las declaraciones antes citadas, ni el Consejo de Seguridad ni los Estados Unidos van a «forzar» a Marruecos a aplicar la legalidad internacional (léase Referéndum de Autodeterminación) sin su consentimiento y su colaboración explícitos.
Para cualquier experto conocedor de la política interior marroquí y de la relación de fuerzas que existe en estos momentos sobre el terreno, esta es una realidad «estratégica» que, aunque sea dolorosa, tiene que ser asumida por el Frente Polisario como punto de partida de una negociación realista en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad.
Si esto es así, y al parecer seguirá siendo así después de la reelección del presidente Bush, para avanzar en una negociación, sea esta bilateral con Marruecos o multilateral, en las Naciones Unidas, hay que encontrar un principio básico sobre el que pueda construirse un consenso para reactivar el proceso de paz en el Sahara Occidental.
En recientes declaraciones a un medio de comunicación español, el ministro adjunto de Asuntos Exteriores de Marruecos, señor Fassi Fihri, ha señalado que «no nos da miedo el referéndum como tal, sino las modalidades y condiciones de su desarrollo», añadiendo, además, que en el caso concreto de la primera fase autonómica del Plan Baker II el censo electoral no es aceptable por su carácter arbitrario e incompleto en relación con los electores potenciales por su «arraigo» en el territorio».
No cabe duda de que, matices aparte, el ministro marroquí abre un camino para negociar los términos de una consulta «democrática» que ambas partes puedan considerar legítima y cuyos resultados serían por tanto reconocidos como válidos. Si, como es lógico, esta consulta se organizase con las debidas garantías de libertad y seguridad para todos los electores, el debate político se concentraría en las opciones sometidas a consulta democrática, y no en las modalidades o en las condiciones de la misma.
Aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad la Resolución 1570 (04) de 28 de octubre, se abre un período de reflexión hasta el 30 de abril de 2005. A pesar del pesimismo expresado por el secretario general señor Koffi Annan, respecto a la aplicación del Plan de Paz Baker II, hasta ahora rechazado por Marruecos, cabría la posibilidad de que, en el marco de la resolución aprobada, el secretario general propusiera a las partes su colaboración para elaborar un censo electoral definitivo válido para cualquier consulta democrática que pudiera celebrarse en el territorio.
Como es evidente que la cuestión del censo electoral es una cuestión esencial en un referéndum de autodeterminación y la experiencia de la aplicación del plan de arreglo no puede ser olvidada, cabría arbitrar, si las partes no se pusieran de acuerdo respecto a este censo electoral, acudir de nuevo al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya (TIJ) para que resolviera cualquier cuestión jurídica que se plantee por las partes para la elaboración de este censo electoral. En concreto, se trataría de que, por la vía consultiva, si no hay acuerdo de las partes el Consejo de Seguridad o la Asamblea General solicitasen del TIJ un arbitraje para establecer un censo electoral definitivo y, en su caso, para definir la forma, simultánea o sucesiva, en que el pueblo saharaui pudiera expresar su voluntad libre y auténtica respecto a las opciones que se le puedan someter en una o en varias consultas democráticas.
A modo de conclusión personal, me atrevería a afirmar, después de largos años de experiencia profesional respecto a un conflicto que pesa dolorosamente sobre la conciencia histórica de España, que sólo si se establece un marco democrático auténtico, con la voluntad política necesaria, será posible crear un clima de entendimiento y de confianza entre todas las partes para garantizar un futuro común en paz y estabilidad. España, la UE, la UA, el Consejo de Seguridad y en especial los Estados Unidos, podrían garantizar a las partes que la mejor opción para todos los pueblos de la región y, sobre todo, para los pueblos marroquí y saharaui sería la convivencia democrática en un Magreb políticamente integrado, económicamente desarrollado, socialmente justo y culturalmente abierto. El camino será todavía largo, pero abordar la solución de este conflicto por una vía democrática auténtica podría ser un primer paso en la buena dirección.
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