octubre 30, 2008
El Juez Baltasar Garzón irá a Tinduf
30/10/2008. Observatorio aragonés para el Sahara Occidental
La tarde del día 29 se celebró en el salón de actos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza la conferencia “Justicia Universal y Crímenes Internacionales: el caso del Sahara Occidental”. Aun a pesar del frío de la tarde, acudió a la misma un nutrido público, compuesto por miembros de las asociaciones que organizaban la conferencia -- la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón UM DRAIGA y el Observatorio Aragonés del Sahara Occidental, representadas por sus Presidentes Dª Merche Saavedra y D. Ricardo Vazquez-Prada--, integrantes del la comunidad saharaui en Zaragoza, profesionales del derecho y público que tuvo conocimiento de la conferencia por las diferentes convocatorias efectuadas en los medios de comunicación. Entre los abogados presentes en la conferencia destacó especialmente la presencia de D. Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el diputado D. Bizén Fuster de la Chunta Aragonesista (CHA), perteneciente a la ponencia “Paz para el Pueblo Saharaui” de las Cortes de Aragón, Dª Patricia Luquín, perteneciente a Izquierda Unida, y D. Cheibani Abbas, Delegado del Frente POLISARIO en Aragón.
La apertura de la conferencia fue realizada por D. Miguel Rivera, quien intervino en representación de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza, agradeció la asistencia de los intervinientes y del público presente en la sala y recordó el compromiso del Colegio de Abogados en la defensa de los derechos humanos.
El abogado D. Luis Mangrané, en nombre de las asociaciones que organizaban el acto, realizó un repaso de los orígenes y situación actual del conflicto del Sahara Occidental.
D. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, centró su conferencia en la competencia de los tribunales españoles para conocer de los crímenes internacionales de lesa humanidad y genocidio en virtud del principio de justicia universal y en el análisis de la figura del delito de genocidio.
El abogado D. Manuel Olle Sesé, recordó los orígenes de la querella que él firmó contra diversas autoridades marroquíes por un presunto delito de genocidio y tortura, dando lugar a las diligencias previas nº 362/07 que se investigan por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional en Madrid. Recordó que la querella ha sido fruto de un trabajo colectivo y dio a conocer la importante noticia de que se acaba de acordar, dentro de ese procedimiento, el envío de una comisión rogatoria a los campamentos de refugiados en Tinduf --Argelia-- para que el juez, funcionarios y abogados puedan recibir declaración a parte de las víctimas que no pueden desplazarse a España. En relación a las declaraciones efectuadas hasta la fecha en la Audiencia Nacional, contó cómo los hijos de los desaparecidos habían aportado copia de la documentación española de la que disponían en el momento de desaparecer y que los acreditaba como ciudadanos españoles. Finalizó su intervención con la emotiva lectura de la poesía “Desaparecidos” del poeta y escritor uruguayo Mario Benedetti.
La conferencia terminó con un turno de preguntas por parte del público asistente, tras lo cual se dio por finalizada la misma.
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Etiquetas: Derechos humanos, Garzón
junio 17, 2008
Jalihena uld Rachid (CORCAS) reconoce crímenes de guerra en el Sahara
Un responsable marroquí reconoce crímenes de guerra en el Sáhara
Uld Errachid revela exacciones de oficiales del Ejército contra civiles saharauis
EL MUNDO, 17.06.08 ALI LMRABET. Corresponsal
RABAT.- «Hay alguna gente [...], se trata de tres o cuatro oficiales del Ejército que han cometido lo que se puede llamar crímenes de guerra contra prisioneros fuera del ámbito de la guerra» y «muchos civiles fueron lanzados al vacío desde helicópteros o enterrados vivos» simplemente por ser saharauis.
El que rompe un tabú afirmando que varios oficiales marroquíes han cometido graves crímenes de guerra en el Sahara Occidental no es ningún destacado dirigente polisario o un activista pro independentista saharaui. El que acusa a altos cargos del Ejercito alauí es Jalihenna Uld Errachid, el actual presidente del CORCAS (Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara).
Uld Errachid es un prominente notable saharaui pro marroquí que fue varias veces ministro en gobiernos de Hasan II y es uno de los negociadores en las recientes conversaciones con el independentista Frente Polisario en Manhasset, EEUU.
Jalihenna Uld Errachid no hizo estas declaraciones públicamente sino a puerta cerrada, en el marco de las sesiones de la Instancia Equidad y Reconciliación, un organismo creado por el rey Mohamed VI para esclarecer las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetrados durante el largo reinado de Hasan II.
Su testimonio, que fue grabado y transcrito en 2005, no debía ser puesto en conocimiento del público, pero un diario de Casablanca, Al Yarida Al Ula decidió publicarlo íntegramente, al mismo tiempo que anunciaba que poseía otras grabaciones del mismo molde de altas personalidades marroquíes que testificaron ante la mencionada Instancia.
Si estas graves acusaciones que conciernen a un tema sensible en Marruecos (el conflicto del Sáhara Occidental) no fueron, como es de costumbre, respondidas por los medios afines al régimen, el presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos (CCDH), un organismo oficial, se apresuró no a desmentirlas sino a pedir a un juez que prohibiera que Al Yarida Al Ula publicara el resto de los documentos.
Y es que la publicación de estos documentos cae muy mal en Marruecos. Desde marzo de 2007 la Audiencia Nacional de España ha pedido al juez Baltasar Garzón que investigue las acusaciones de «crímenes internacionales» cometidos por «32 dirigentes y militares marroquíes» en el Sáhara Occidental desde 1975.
Estas acusaciones están contenidas en una demanda interpuesta el 14 de septiembre de 2006 por varias asociaciones españolas de Derechos Humanos ante la Audiencia Nacional, y que estiman en 542 el número de saharauis desaparecidos desde 1975.
Garzón ha acordado, mediante una comisión rogatoria, pedir a las autoridades judiciales marroquíes si esos hechos han sido investigados o si existe algún procedimiento penal contra los denunciados, pero por el momento no ha recibido ninguna respuesta.
En Rabat, se teme que varios de los nombres mencionados en la querella, muchos de ellos siguen ocupando altos cargos en el Ejército, sean los mismos de los que habla Jalihenna Uld Errachid. Por otra parte, Ali Anouzla, el director de Al Yarida Al Ula, ha anunciado que su diario continuará publicando las transcripciones.
Etiquetas: Derechos humanos, Garzón, Represión Sahara ocupado
diciembre 18, 2007
Hijos de desaparecidos en el Sáhara declaran ante el juez Garzón
EL PAIS. "Es un día histórico para nuestro pueblo", afirmaron en la Audiencia
N. JUNQUERA - Madrid - 18/12/2007
Salieron triunfantes, haciendo el signo de la victoria, con grandes sonrisas y ligeras chilabas en la mañana más fría de este invierno. Pero la treintena de simpatizantes que había aguardado estoicamente en la puerta de la Audiencia Nacional durante más de tres horas corrió a abrazarles con su bandera, la saharaui.
Cuatro de los 542 hijos de desaparecidos saharauis desde 1975 -el año que España abandonó el Sáhara- acababan de describir el último día que vieron a sus padres ante el juez que instruye la querella por genocidio contra 13 altos cargos de la gendarmería marroquí, Baltasar Garzón.
"Es un día histórico para nuestro pueblo. Jamás pensamos que llegaríamos hasta aquí después de 32 años", explicó, emocionada, Houria Ahmed Lemaadel, hija de un soldado saharaui del ejército español al que nunca conoció: "Desapareció el día que nací. Nunca supo si había sido niña o niño".
"Es la primera vez que la veo contarlo sin llorar", aclaró al salir del juzgado Ali Oumar Bouzaid, otro de los querellantes, también hijo de desaparecido. "Estaba muy nerviosa intentando aguantar las lágrimas, pero él [Garzón] fue muy amable. Se sentó frente a mí y me tranquilizó mucho", añadió Houria.
La querella por genocidio, presentada en septiembre de 2006 y admitida a trámite el pasado 29 de octubre por Garzón, documenta la muerte por torturas de 56 saharauis en cárceles y enumera a cientos de desaparecidos. Los querellantes aportan como pruebas los testimonios de presos liberados. En algunos casos, el testigo es un niño: "Mohamed Mulud Baba-Hamu, DNI español B-1202171, secuestrado en marzo de 1976 en la región de Daora por la Gendarmería Real junto a su hijo de 10 años, Mulud. Éste, liberado en 1978, confirmó que su padre había muerto a causa de la tortura", recoge la querella.
Omar Heiba Meyara, otro de los querellantes, regresaba anoche a su casa de Bermeo (Vizcaya) pensando que iba a tener que darle la razón a su hijo pequeño, de 11 años: "El otro día salió Garzón en la tele y mi hijo gritó: '¡Papá, corre, es tu amigo!'. Y la verdad es que iba muy nervioso pero en cuanto me he sentado delante del juez he tenido la sensación de estar delante de un amigo", afirmó Omar.
"Hoy, el juez nos ha regalado un poco de esperanza. Estaremos eternamente agradecidos a la justicia española que investiga los genocidios. Todavía podemos encontrar a nuestros seres queridos", añadió Fatimetou Moustafá, hija de desaparecido.
"Lo secuestraron en la avenida de Franco, hoy de Mohamed VI..."
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 18/12/2007 "Fue mi hermano mayor, que entonces tenía 6 años, el que explicó lo que había pasado. Aquel día, 10 de julio de 1976, estaba con mi padre en el comercio que tenía en la avenida de Franco, hoy avenida de Mohamed VI, en Smara. Le dijo a mi madre que papá le había enviado a casa porque se lo llevaban dos gendarmes. Y mi madre supo que no lo volvería a ver porque para entonces ya habían desaparecido en la ciudad otros 40 vecinos y amigos", relató ayer a EL PAÍS Ali Oumar Bouzaid, uno de los querellantes por genocidio contra 13 gendarmes marroquíes, tras declarar ante el juez Baltasar Garzón. Al igual que los otros tres hijos de desaparecidos saharauis que declararon ayer en la Audiencia Nacional, Ali no recuerda a su padre más que por alguna foto mostrada ayer ante Garzón como un tesoro. Recuerda con detalle, sin embargo, cómo transcurrió su vida a partir de su desaparición: "Era el cabeza de familia y un cuerpo sin cabeza es como un cuerpo sin vida. Yo dejé el colegio, con 6 años, y me puse a trabajar en lo que podía para ayudar a mi familia, buscando metales en la basura para venderlos, de ayudante de mecánico...". La madre de Houria Ahmed estaba dando a luz el día que desapareció su marido. "Nací en el medio del desierto, cuando huíamos al sur después de la invasión marroquí. Mi padre había ido a por más provisiones para el camino pero no volvió". Tampoco Fatimetou Mustafa,recuerda a su padre: "Tenía tres años cuando se lo llevaron. Ahora, casi 32 años después, sólo quiero verlo y conocerlo si está vivo. Y enterrarlo y rezarle si está muerto. Necesito conocer la verdad por muy dura que sea". Han pasado casi toda su vida en los campamentos de refugiados de Tinduf hasta que hace pocos años se instalaron en Jerez de la Frontera o Bermeo en busca de una vida mejor. "Mis hijos hablan un euskera perfecto", presume Omar Heiba, de 42 años. Pero, las comodidades, insisten, no han conseguido que olviden las décadas de sufrimiento en Tinduf: "Mi hermano pequeño se murió de hambre y de falta de medicinas un año después de que desapareciera mi padre", recuerda Fatimetou. "Mi familia se rompió cuando tuvimos que huir. Nunca volví a ver a mis hermanos, que vivían en casa de la segunda esposa de mi padre", explica Omar. No sólo perdieron a sus padres. Durante años, y así queda recogido en la querella por genocidio que han presentado ante el juez Garzón, vieron desaparecer a familiares, vecinos y amigos, a los que, a veces, también veían regresar. "Cuando mi hermana volvió a casa después de tres meses de secuestro apenas comía o hablaba. La habían torturado y tenía muchos golpes. Yo había visto cómo se la llevaban. Estaba jugando en la calle y dos gendarmes se bajaron de una furgoneta que ponía Compañía Móvil de Intervención. Me obligaron a llevarles hasta mi hermana", recuerda Omar. "Después, la policía se llevó varias veces a mi hermano y le torturaron. La última vez que fueron a buscarle, les dijo: 'Prefiero morir aquí a volver con vosotros'. Y le dejaron vivir".
Etiquetas: Derechos humanos, Garzón
diciembre 17, 2007
Garzón admite una querella contra militares marroquíes acusados de genocidio. Declaran los primeros familiares de los desaparecidos
El juez Baltasar Garzón ha admitido a trámite la querella contra 13 militares marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara. En la foto, algunas de las personas que se han concentrado hoy en el exterior de la Audiencia Nacional.
El Público. EFE- Madrid - 17/12/2007 14:55
El juez Baltasar Garzón ha admitido a trámite la querella contra 13 militares marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara, que presentaron los hijos de cuatro desaparecidos, para quienes es "un día histórico" en el que se abre "una esperanza" para conocer el paradero de sus familiares.
En nombre de los querellantes, Hurria Ahmet ha expresado su confianza en la Justicia española y ha manifestado estar "muy contenta y emocionada" porque, según ha dicho a los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional, el juez Garzón se ha mostrado "muy interesado" en este asunto.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional se declaró competente el pasado 30 de octubre para investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sahara en relación con la desaparición de cientos de saharauis.
Los principales altos cargos marroquíes a los que Garzón acordó investigar son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976 y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
A Ben Hachem también se le acusa de haber secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia a la que dio "orden de torturarla".
También destacan Said Ouassou, supuesto responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis en El Aaiún entre 1976 y 1978, Abdelhak Lemdaour, presunto responsable y dirigente de una gran campaña de detenciones; Moustafa Hamdaoui, dirigente del cuartel de la gendarmería en Tan Tan en 1981 y Dris Sbai, quien presuntamente dirigía las operaciones de secuestros y torturas.
El resto son Ben Hima, Ayachi, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, quien formó parte de la brigada criminal en El Aaiún; Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid, todos ellos relacionados con la detención y torturas a El Ghalia.
La querella contra estos militares la presentaron el 14 de diciembre de 2006 asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y pro derechos humanos, que cifraron en 542 el número de saharauis desaparecidos desde 1975.
De acuerdo con la denuncia, a partir de ese año, cuando España se retiró del Sahara, Marruecos ocupó el territorio "mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años" y detalla como el Ejército marroquí llevó a cabo "el secuestro, encarcelamiento y desaparición" de cientos de saharauis, la mayoría con nacionalidad española, entre 1975 y 1980.
Sáhara-Familiares de desaparecidos saharauis confirman ante Garzón una querella por genocidio contra cargos de Marruecos
Cuatro hijos de saharauis desaparecidos tras la ocupación marroquí del Sáhara declararon esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se declaró competente el pasado mes de octubre para investigar el genocidio de cientos de saharauis que pudieron cometer altos cargos de Marruecos durante los años 70, 80 y 90. Todos ellos pidieron justicia y reclamaron conocer el paradero de sus familiares, en declaraciones efectuadas en la puerta de las dependencias judiciales en Madrid.
Los querellantes declararon ante el magistrado --que admitió hoy a trámite la querella-- a partir de las once y media de la mañana y ratificaron la demanda presentada. Entre los imputados se encuentran destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como Smara, El Aaiún o Tan Tan.
Uno de los familiares de desaparecidos, Hurria Ahmed, indicó que hoy es para el pueblo saharaui 'un día histórico' ya que se abre para ellos 'una nueva esperanza' debido al inicio de la investigación. 'No conocemos el paradero de decenas de personas', precisó.
'Confiamos en la justicia española y estaremos agradecidos al juez Garzón para el resto de nuestros días', añadió. 'El juez ha mostrado mucho interés, nos ha recibicido con los brazos abiertos, jamás pensamos después de 32 años de lucha que íbamos a llegar aquí', dijo la querellante.
Una decena de saharauis acompañó desde primera hora de la mañana a los querellantes y mostró, en la puerta principal de la Audiencia Nacional fotos de desaparecidos y víctimas de tortura y pancartas contrarias al régimen de Marruecos.
13 ACUSADOS
El magistrado aceptó investigar en octubre una querella presentada en septiembre de 2006 por un delito de genocidio por asesinato, lesiones y torturas, contra un total de 32 marroquíes, aunque limitó el número de acusados, que finalmente es de 13.
La acción penal, que instruye unos hechos que Garzón califica como 'enmarcados en una acción compleja y sistemáticamente organizada', se establece contra varios altos cargos, miembros del Ejército o las Fuerzas de Seguridad de este país, y que son sospechosos de haber participado en la tortura y desaparición de saharauis.
Uno de ellos es el general mayor de Gendarmería Real, Housni Benslimane. Garzón especifica en su caso que fue el superior que ordenó y dirigió la campaña de detenciones y desapariciones en Smara en 1976. Este general fue premiado en 2005 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español y previa deliberación del Consejo de Ministros, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de ese año.
Garzón se declaró competente en función 'del principio de justicia penal universal', con el respaldo de distintos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por ello, el magistrado abrió diligencias previas de instrucción y librado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales del Reino de Marruecos con la intención de que se notifique la querella a cada uno de los acusados.
Garzón pidió también a las autoridades marroquíes que le informen de si estos hechos han sido o están siendo investigados en este país y de si existe o ha existido procedimiento penal contra los 13 imputados. El juez solicitó toda la información disponible en el Estado alauí sobre la identidad de las víctimas y los lugares donde fueron enterradas.
La querella fue presentada por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y de desaparecidos saharauis en septiembre de 2006 por la comisión de presuntos delitos de genocidio, asesinato, torturas, detenciones ilegales y lesiones practicadas por el Reino de Marruecos
Una de las asociaciones querellantes concretó el pasado año que tiene constancia de que algunos de los perseguidos fueron arrojados al vacío desde helicópteros. Etiquetas: Derechos humanos, Garzón
octubre 31, 2007
COMUNICADO DE AFAPREDESA (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis) sobre el Auto del juez Garzón
COMUNICADO DE AFAPREDESA (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis)
Con gran satisfacción, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos ha tenido conocimiento del contenido de la aceptación por la justicia española de la competencia, con base en el principio de Jurisdicción Universal, para la instrucción de los hechos denunciados relativos al genocidio y torturas a los que fue sometido el pueblo saharaui por determinados responsables marroquíes desde el inicio de la invasión del Sahara Occidental por Marruecos en 1975.
La querella del denominado asunto SAHARA ha sido admitida por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, de la Audiencia Nacional lo que constituye un paso adelante hacia la lucha contra la impunidad que lleva acabo AFAPREDESA desde muchos años.
Con este paso, se abre el camino a las victimas saharauis para que los responsables de crímenes internacionales contra los Derechos Humanos se sientan en el banquillo de acusados para responder de sus actos criminales.
Con esta ocasión, AFAPREDESA quiere recordar a todos los mártires saharauis quienes murieron bajo tortura por el simple hecho de ser saharauis y creer en los principios de justicia y de libertad.
Al mismo tiempo agradece a todas las organizaciones y personas que nos han respaldado para el triunfo de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental.
Campamentos de refugiados saharauis, a 30 de octubre de 2007
Resumen del Auto
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha ordenado, con el visto bueno del Ministerio Fiscal la apertura de diligencias previas por los delitos de genocidio y torturas contra ciudadanos saharauis presuntamente cometidos por altos cargos marroquíes.
En un auto dado a conocer este mediodía Garzón admite así a trámite la querella interpuesta en septiembre de 2006 por asociaciones de amistad con el Pueblo Saharaui y AFAPREDESA, (Asociación de familiares de presos y desaparecidos saharauis)
En el auto el juez declara que “el Ministerio Fiscal, informó que procedía aceptar la competencia para averiguar los hechos objeto de la querella, pudiendo ser los hechos relatados en ella constitutivos de un delito de genocidio, establecido en el artículo 2 del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y un delito de torturas”, una vez que “se subsanaran determinadas deficiencias procesales y de concreción mínima de hechos que se imputan a cada uno de los querellados” hecho que los querellantes cumplieron mediante escrito de 23 de octubre de 2007.
Respecto a los hechos, el auto señala que los imputados y los hechos están enmarcados “en una acción compleja y sistemáticamente organizada, contra personas saharauis”,
El auto concreta la acción penal entre otros a:
HOUSNI BEN SLIMAN, general mayor de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos y condecorado recientemente por el gobierno español de Rodríguez Zapatero con la Gran Cruz de Isabel la Católica que es implicado como “el superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en el año 1976”.
ABDELHAFID BEN HACHEM, siempre según el citado auto, “sería el responsable directo de los secuestrados en 1987 en El Aaiún, y el supervisor de los interrogatorios con prácticas de tortura y tratos degradantes”.
A BEN HIMA le implica “en la reunión mantenida por altos dirigentes en casa del gobernador de El Aaiún en febrero-marzo de 1988, en la que Ben Hachem presuntamente ordenó torturar a Djimi El Ghalia Abdalajhe.
Por su parte, ABDELHAK LEMDAOUR habría sido el responsable y dirigente de una gran campaña de detenciones, entre ellas la de El Habla Lahbib Abdelah y de Safia Mohamed Lamin Dadach, que tuvo lugar el 12 de julio de 1976 en la zona de Erbaib, cerca de Smara, en la que se que saqueó las casas de sus habitantes y posteriormente se torturó a los detenidos; presuntamente fue el responsable de la detención y desaparición de Mohamed Salem Uld Hamdi el 10 de julio de 1976.
MOUSTAFA HAMDAOUI, responsable y dirigente del Cuartel de la Gendarmería en Tan Tan, habría torturado a Zaigham Saleh, detenido el 17 de enero de 1981 en Tan Tan.
AMIMI, habría participado en la detención de Safia Mohamed Lamin Dadach y El Habla Lahbib Abdelah el 12 de julio de 1976, los cuales fueron posteriormente torturados durantes su detención.
Entre los máximos responsables de estos actos el juez cita a DRIS SBAI o “IDRIS SBAIA” “quien presuntamente comandaba las operaciones de detenciones, secuestros e interrogatorios y torturas junto con el coronel Abdelhak Lemdaouar contra ciudadanos saharauis”.
Junto a implicaciones más específicas como la de BRAHIM BEN SAMI, o la de ABDELAZIZ ALLABOUCH quienes presuntamente participaron en la detención y tortura de Djimi El Ghalia Abdalajhe el 20 de noviembre de 1987, – siempre según el auto –, se hacen referencias más generales como la de AYACHI quien presuntamente participó en detenciones ilegales siguiendo las órdenes del general Bdelhak Lemdaouir o la de SAID OUASSOU o “SAID OISSOU”, como el responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis que tuvieron lugar en El Aaiún entre 1976 y 1978.
Igualmente se cita a HARIZ EL ARBI quien habría formado parte de la brigada criminal en El Aaiún, que presuntamente se ocupaba de torturar a los presos civiles saharauis; en los años ochenta y noventa habría dirigido este grupo de torturadores y a SANHAJI HAMID quien presuntamente asistió a todas las escenas de tortura de los presos políticos saharauis durante toda su época de trabajo en El Aaiún.
Entre los razonamientos jurídicos el auto determina que es procedente incoar Diligencias Previas encaminadas a establecer la naturaleza y circunstancias de los hechos y el procedimiento aplicable y se declara competente para ello, citando como base, entre otras la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2006, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En su parte dispositiva el auto cita a declarar a parte de los querellantes el próximo 11 y 12 de diciembre y dispone enviar una comisión rogatoria al Reino de Marruecos a fin de que se notifiquen la querella y documentos presentados a cada uno de los querellados, y para que, las autoridades judiciales marroquíes informen al juez Garzón sobre si los hechos que se recogen en la querella fueron o están siendo investigados en Marruecos, y cuál fue el resultado de la investigación y si existe o ha existido procedimiento penal contra los querellados por estos hechos en Marruecos, así como para que se le aporten los datos que consten a nivel oficial sobre la identidad de las víctimas y lugar de inhumación.
Este auto puede ser recurrido en el plazo de tres días.
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octubre 30, 2007
Garzón abre diligencias por un delito de genocidio de Marruecos contra el Sáhara Occidental.Dos acusados fueron condecorados por el Gobierno español
Dicen los ancianos de nuestra badia
"a quien aguanta le llega la sombra"
SAHARA LIBRE YA
Garzón abre diligencias por un delito de genocidio de Marruecos contra el Sáhara Occidental
El juez se declara competente para juzgar supuestas torturas y asesinatos de saharauis en los años setenta
ELPAIS.com - Madrid - 30/10/2007
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha ordenado este mediodía la apertura de diligencias previas por los delitos de genocidio y torturas contra ciudadanos saharauis cometidos presuntamente por altos cargos de la seguridad marroquí en los setenta y ochenta. Garzón admite así a trámite la querella interpuesta en septiembre de 2006 por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y de desaparecidos saharauis.
Dos de los acusados fueron condecorados por el Gobierno español
Auto del juez Garzón de apertura de diligencias contra autoridades marroquíes por genocidio
Estas organizaciones han contabilizado por el momento un total de 542 desaparecidos y culpan a 31 altos cargos de la seguridad marroquí (algunos de ellos ya fallecidos), de detención ilegal, torturas y asesinatos.
Entre la treintena de denunciados se encuentra el ex ministro de Interior marroquí Dris Bsri y el ex jefe de la Dirección General de Estudios y Documentación y consejero especial del rey de Marruecos Yassine Mansouri. También figuran otros responsables policiales y militares, entre otros el general mayor de las Fuerzas Armadas Reales, Husni Ben Sliman.
"Dominación extranjera"
Los hechos denunciados, se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, "España se marchó de su provincia número 53, ocasionando la violenta invasión del Sahara Occidental por parte del reino de Marruecos", señala el escrito de los querellantes, según informaba Europa Press.
Éstos añaden que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui duró 16 años, tiempo en el que sus integrantes han sido sometidos a la "dominación de una potencia extranjera" que les impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales".
En su querella relatan que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y fueron perseguidos y bombardeados por las fuerzas invasoras con Napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación.
Diligencias previas
Garzón acepta la competencia de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados e incoa diligencias previas. En primer lugar, llama a declarar a los querellantes para los días 11 y 12 de diciembre. Además, el juez pide a Marruecos (en comisión rogatoria) que le informe de si los hechos están siendo investigados por la justicia marroquí o si existe procedimiento penal contra los querellados y si se conoce la identidad de las víctimas y el lugar en el que están enterradas.
Dos de los acusados fueron condecorados por el Gobierno español
Dos de los investigados por el juez Garzón fueron condecorados por el Gobierno español en enero de 2005. El consejo de ministros otorgó entonces, en vísperas de la visita de los Reyes a Marruecos, la Gran Cruz de Isabel la Católica a Hamidou Lanigri, director general de la Seguridad Nacional marroquí, y Housni Ben Sliman, general de la gendarmería real. La decisión fue acogida con protestas por parte de grupos defensores de los derechos humanos.
Precisamente el pasado 21 de octubre un juez francés dictó orden de detención internacional contra Ben Sliman por el caso Ben Barak, acontecido hace ahora 42 años. Ben Barka, líder opositor al régimen de Rabat, desapareció en París en 1965. Se supone que fue asesinado, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Ahora Ben Sliman no podrá salir de Marruecos sin tener problemas con la justicia.
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marzo 06, 2007
La Fiscalía pide a Garzón que investigue a altos cargos marroquíes por genocidio
La Fiscalía pide a Garzón que investigue a altos cargos marroquíes por genocidio:
Informa a favor de la admisión de una querella por los delitos cometidos contra cientos de saharauis desaparecidos, la mayoría de ellos de nacionalidad española / Entre los acusados está el ex director general de la Seguridad Nacional de Rabat
EL MUNDO: MANUEL MARRACO
MADRID.- La Fiscalía ha pedido a Baltasar Garzón que investigue a 32 altos cargos marroquíes por un presunto delito de genocidio denunciado por asociaciones pro Derechos Humanos y de ayuda al pueblo saharaui. El Ministerio Público respalda la admisión a trámite de una querella «contra gobernantes y militares marroquíes por su responsabilidad en el genocidio, torturas, secuestros y desapariciones practicado por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui».
La querella recayó en el Juzgado de Baltasar Garzón, que dio traslado al Ministerio Público. En diciembre, dos meses después de su presentación, el fiscal Pedro Rubira informó favorablemente a su admisión por los mismos delitos denunciados, una decisión sobre la que la Fiscalía no había informado.
El juez instructor aún no se ha pronunciado de manera definitiva, aunque las asociaciones querellantes se muestran optimistas, especialmente tras el respaldo de la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza. A favor también cuentan las actuaciones precedentes del magistrado en casos de delitos contra la Humanidad, y el hecho de que Garzón les haya pedido que cumplimenten diversos requisitos procesales necesarios para la admisión.
El pasado 11 de diciembre, el magistrado también les solicitó que identificasen «concretamente las imputaciones que hacen a cada uno de los querellados y presunta participación de éstos con los hechos imputados», para fijar los indicios de participación criminal contra cada uno «en este momento procesal».
Amparándose en el principio de justicia universal, el escrito fue presentado de manera conjunta por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui y la Federación de Asociaciones de Promoción de Defensa de los Derechos Humanos. Otros cuatro familiares de desaparecidos saharauis ejercen la acusación particular.
Justicia universal
La Fiscalía considera que los hechos denunciados encajan en los criterios marcados recientemente por el Tribunal Constitucional para aplicar el criterio de jurisdicción universal. Fuentes de la Audiencia resaltan que habría que admitir la querella incluso siguiendo la interpretación más restringida seguida inicialmente por el Tribunal Supremo, que exigía algún tipo de «conexión» con los intereses nacionales. En este caso, gran parte de las víctimas mencionadas disponían DNI español, lo que cumpliría con creces el requisito. Algunas de ellas llegaron a combatir contra Marruecos bajo bandera española.
Entre los 32 querellados se encuentran varios generales y figuras prominentes de la política marroquí de los últimos tres decenios. Entre ellos destaca Dris Basri, ex ministro del Interior y hombre fuerte del reinado de Hasan II. Según los querellantes, gestionaba casi en exclusiva los temas relacionados con el Sáhara Occidental. Basri fue destituido por el actual monarca, Mohamed VI, y vive exiliado en París.
También figuran como querellados Hamidou Lanigri, ex director general de la Seguridad Nacional marroquí [la Policía] y de la DST [policía política]; Yasine Mansouri, ex director general de la Dirección General de Estudios y Documentación y consejero especial del Rey de Marruecos; Abdellaj el Kadiri, ex director general de la Dirección General de Estudios y Documentación; Abdelasis Banani, general mayor de las Fuerzas Armadas Reales; Housni ben Sliman, general de la Gendarmería Real marroquí; Ben Hima, comisario de la Dirección General de la Seguridad Nacional de El Aaiún y en la actualidad comisario en Agadir; y Abdelhafid ben Hachem, ex jefe de la Dirección General de la Seguridad Nacional y, según los querellantes, brazo derecho de Dris Basri.
El escrito denuncia «el plan sistemático de eliminación del pueblo saharaui, que se realiza de forma organizada y jerarquizada por las personas denunciadas, sirviéndose de personal a su mando y de los efectivos personales militares y paramilitares».
Según el relato de las asociaciones, «desde el 31 de octubre de 1975 hasta la actualidad el Ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui, primero en una guerra de invasión que obligó a gran parte de la población saharaui, más de 40.000 personas, a huir al desierto, siendo perseguidos y bombardeados por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación, arrojados al vacío desde helicópteros, creando un estado de terror y persecución» en el territorio del Sáhara Occidental «que se mantiene en la actualidad».
Todo ello ha dado lugar «a la desaparición de miles de personas, de las cuales por lo menos 526 saharauis, aún hoy, permanecen en esa situación, sin que sus familiares tengan conocimiento alguno de su paradero, y negándoseles por el Estado marroquí cualquier noticia sobre ellos». La querella da el nombre y apellidos de 206 de esos desaparecidos, y pide al juez que tome declaración como testigos a algunos de sus familiares.
Los casos mostrados a la Audiencia Nacional tuvieron lugar entre 1975 y 1980, aunque según el escrito no ha dejado de producirse en ningún momento. Tras la llegada de Mohamed VI, afirman los querellantes, se produjo «un recrudecimiento del sistema represivo marroquí contra la población saharaui» para mantener «el estado de terror y de sitio implantado bajo las órdenes de Hasan II».
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