diciembre 26, 2004
Conflicto del Sahara Occidental
El embajador Fernando Arias-Salgado propone, en su artículo «El Sahara Occidental: Un Conflicto que no cesa» (25 de julio de 2004), a la opinión pública española apoyar el ejercicio de «voluntarismo político» que emprende Zapatero para «intentar» solucionar el «enquistado» conflicto del Sahara Occidental. Como se desprende del artículo, ese ejercicio conduciría a una solución «política» en la que la «autodeterminación» del pueblo Saharaui se plasmaría en la «libre aceptación» de instituciones «democráticas» garantizadas «constitucionalmente» por el «propio» Rey de Marruecos. Se trata, explica, de una «formulación jurídica competecional moderna» que tendrá en cuenta los vínculos históricos de «vasallaje» entre el «imperio Cherifiano» y las «tribus saharauis».
Es de recordar que los vínculos de soberanía territorial, derivados de una pretendida posesión inmemorial del territorio del Sahara Occidental, alegados por Marruecos, fueron desestimados en 1975 por el Tribunal Internacional deLa Haya, que «no ha comprobado la existencia de vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan modificar la resolución 1514 (XV) en cuanto a la descolonización del Sahara Occidental y en particular la aplicación del principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio». Pedir a Marruecos permitir al pueblo Saharaui ejercer su derecho «inalianable» a la autodeterminación y a la independencia nos parece más congruente y conforme a la «legalidad internacional» que el delicado ejercicio de buscar «fórmulas jurídicas modernas» para integrar el Sahara Occidental en Marruecos, basadas en vínculos «históricos» de «vasallaje» que supuestamente existieron entre las «tribus saharauis» y el «Imperio Cherifiano» en tiempos inmemoriales.
Por otro lado, no deja de ser motivo de gran preocupación para la comunidad internacional la aserción de que, como consecuencia del terrorismo internacional, 11 de septiembre de 2001 (EE.UU.) y 16 de mayo de 2003 (Casablanca), se hace «difícil» aplicar la «legalidad internacional» en el Sahara Occidental, fundamentándo Marruecos en ello su rechazo al Plan Baker. Esa afirmación, por las graves consecuencias que se derivarían para la humanidad, no puede suponer que el terrorismo considerado hoy fenómeno internacional se haya impuesto sobre la legalidad internacional y que en lugar de ser ése el marco legal que le hace frente, el terrorismo se haya convertido en instrumento que impide su aplicación. Preocupa más todavía que además de eximir a Marruecos de la aplicación de dicha legalidad, se ponga en sus manos la «llave» de cualquier solución sobre el Sahara Occidental que las Naciones Unidas consideran una cuestión de descolonización.Cuestión que, por su dimensión internacional, requiere la aplicación de la legalidad internacional.
La «formulación jurídica competecional moderna» o solución «política» tiende a equipararse, mutatis mutandis, al compromiso que asumió España en su día ante la comunidad internacional, como potencia «administradora» del Sahara Occidental, de conducir a la «población saharaui» hacia la «plenitud de gobierno propio» y que incumplió en 1975, por las «circunstancias políticas internas españolas» de la época y por el contexto internacional de la «guerra fría». Si dicha solución u otra «similar» prosperara, explica el embajador Arias-Salgado, quedarían «reparadas» en parte las terribles consecuencias para una «parte» del pueblo saharaui refugiada en Tinduf el incumplimiento de España de sus obligaciones internacionales.
No conviene olvidar que las Naciones Unidas no reconocen a Marruecos la condición de potencia administradora del territorio, «condición que España por si sola no podía haber transferido unilateralmente» (carta al Consejo de Seguridad, 29 de enero de 2002, asesor jurídico de las NU). Marruecos, por consiguiente, no detenta las competencias que la comunidad internacional confirió a España en su día sobre el Sahara Occidental. Más bien, su presencia es calificada de «ocupación» y se le pide «encarecidamente» ponerle término, res/34/37/1979, AG de las NU.
Los saharauis, a la vez que piden que la opinión pública española les siga apoyando, quieren recordar que el «conflicto» del Sahara Occidental no ha cesado porque les continúa negando el libre ejercicio de su derecho «inalienable» a la autodeterminación.
Lehbib Breica, representante de la República Saharaui ante la Unión Africana.
Etiopia.
