marzo 10, 2007

 

Amnistía Internacional: Marruecos y el Sáhara Occidental: defensores saharauis de los derechos humanos, condenados a un año de prisión

8 de marzo de 2007

Marruecos y el Sáhara Occidental: defensores saharauis de los derechos humanos, condenados a un año de prisión

Londres.- Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la condena de un año de prisión impuesta a los defensores saharauis de los derechos humanos Brahim Sabbar y Ahmed Sbai por un tribunal de El Aaiún el 6 de marzo. La organización cree que estos dos hombres han sido encarcelados por ejercer su derecho pacífico a la libertad de expresión, asociación y reunión, por lo que podrían ser presos de conciencia. Si es así, deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.

Ambos defensores de los derechos humanos fueron declarados culpables de cargos como promover actividades violentas de protesta –concretamente manifestaciones convocadas en 2005 y 2006 contra la administración marroquí del Sáhara Occidental– y pertenecer a una organización no autorizada –a saber, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí–. Esta organización, cuyo secretario general es Brahim Sabbar y de la que es también miembro Ahmed Sbai, no ha podido inscribirse en el registro oficial de asociaciones marroquí por los impedimentos administrativos que le han puesto por motivos políticos. No obstante, los dos defensores de los derechos humanos fueron absueltos de los cargos más graves presentados contra ellos, incluido el de formar una banda criminal.

Brahim Sabbar y Ahmed Sbai, que llevan casi nueve meses detenidos, parecen estar en el punto de mira de las autoridades marroquíes por el papel que desempeñan reuniendo y difundiendo información sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el Sáhara Occidental y por su defensa pública del derecho de la población del territorio a la libre determinación. Ambos admiten su asistencia pacífica a manifestaciones contra las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental, pero niegan toda participación en actos de violencia. Brahim Sabbar cumple también una condena de dos años de prisión que le fue impuesta en junio de 2006 por cargos que, a juicio de Amnistía Internacional, probablemente fueran falsos.

El juicio, que, según informes, duró menos de una hora, se celebró en circunstancias poco dignas. Según testigos presenciales, hubo una fuerte presencia de agentes de las fuerzas de seguridad en la sede del tribunal y sus alrededores, y sólo unos pocos parientes y familiares de los acusados pudieron acceder a la sala, pues al resto se les negó la entrada sin explicación alguna.

Por otro lado, el juicio se caracterizó por la negativa de ambos acusados a responder a toda pregunta u hacer cualquier otra manifestación ante el tribunal, manteniendo así una actitud que habían adoptado en señal de protesta en una vista judicial celebrada el 6 de febrero de 2007. Su equipo defensor, formado por nueve abogados, se había retirado del caso en solidaridad con ellos ese mismo día, explicando en una declaración que lo hacía para protestar por el hecho de que las autoridades marroquíes no hubieran abierto, al parecer, una investigación sobre los presuntos malos tratos a los que los acusados afirmaban haber sido sometidos en prisión el 19 de enero de 2007 y durante anteriores traslados para ir y venir de las vistas judiciales. El tribunal designó a un abogado defensor para sustituir al equipo en una vista del 20 de febrero.

Otros tres saharauis, Ahmed Salem Ahmeidat, Mohamed Lehbib Gasmi y El-Hafed Toubali, fueron condenados a tres años de prisión por el mismo tribunal el 6 de marzo, tras haber sido declarados culpables de formar una banda criminal e incendiar un edificio en el contexto de manifestaciones contra la administración marroquí del Sáhara Occidental. La sentencia condenatoria se dictó sobre la base de declaraciones escritas de agentes de policía, según las cuales los acusados habían confesado –sin embargo, cuando los tres saharauis habían comparecido posteriormente ante un juez de instrucción, habían negado los cargos y asegurado que se habían visto obligados a firmar las declaraciones tras ser sometidos a palizas por personal de las fuerzas de seguridad–.

Decenas de saharauis han sido acusados de conducta violenta y recluidos, tras su detención durante o después de manifestaciones celebradas en el Sáhara Occidental en 2005 y 2006. Muchos han denunciado haber sido torturados o maltratados con objeto de obligarlos a firmar confesiones, de intimidarlos para que no acudieran a más manifestaciones o de castigarlos por reivindicar el derecho a la libre determinación de la población del Sáhara Occidental o portar signos visibles de su apoyo al Frente Polisario, organización que pide un Estado independiente en el territorio y mantiene un autoproclamado gobierno en el exilio en campos de refugiados del suroeste de Argelia. Algunos de los detenidos han quedado en libertad en virtud de indultos reales de marzo y abril de 2006. Otros continúan recluidos, cumpliendo penas de prisión o en espera de juicio. Los juicios de manifestantes saharauis son motivo de preocupación, pues hay indicios de que no han sido justos. En particular, las pruebas utilizadas para declararlos culpables han estado a menudo contaminadas con denuncias no investigadas de tortura o malos tratos, y a los acusados no se les ha permitido en general llamar a testigos de descargo.

Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que tomen medidas concretas para garantizar que se respeta plenamente el derecho de todos los saharauis a la libertad de expresión, asociación y reunión y, en particular, que los defensores saharauis de los derechos humanos pueden reunir y difundir información y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a sufrir persecución, hostigamiento ni intimidaciones. Tales derechos se hallan enunciados en el derecho internacional, especialmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Marruecos es Estado Parte, y en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Información complementaria

Para más información sobre el caso de Brahim Sabbar y Ahmed Sbai y sobre la campaña concertada de represión que se está llevando a cabo contra los defensores saharauis de los derechos humanos, véase la declaración pública de Amnistía Internacional Marruecos y el Sáhara Occidental: El acoso judicial de saharauis defensores de los derechos humanos debe terminar, emitida el 5 de febrero de 2007: http://web.amnesty.org/library/index/eslMDE290032007?open&of=esl-mar

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