marzo 06, 2007
La Fiscalía pide a Garzón que investigue a altos cargos marroquíes por genocidio
La Fiscalía pide a Garzón que investigue a altos cargos marroquíes por genocidio:
Informa a favor de la admisión de una querella por los delitos cometidos contra cientos de saharauis desaparecidos, la mayoría de ellos de nacionalidad española / Entre los acusados está el ex director general de la Seguridad Nacional de Rabat
EL MUNDO: MANUEL MARRACO
MADRID.- La Fiscalía ha pedido a Baltasar Garzón que investigue a 32 altos cargos marroquíes por un presunto delito de genocidio denunciado por asociaciones pro Derechos Humanos y de ayuda al pueblo saharaui. El Ministerio Público respalda la admisión a trámite de una querella «contra gobernantes y militares marroquíes por su responsabilidad en el genocidio, torturas, secuestros y desapariciones practicado por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui».
La querella recayó en el Juzgado de Baltasar Garzón, que dio traslado al Ministerio Público. En diciembre, dos meses después de su presentación, el fiscal Pedro Rubira informó favorablemente a su admisión por los mismos delitos denunciados, una decisión sobre la que la Fiscalía no había informado.
El juez instructor aún no se ha pronunciado de manera definitiva, aunque las asociaciones querellantes se muestran optimistas, especialmente tras el respaldo de la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza. A favor también cuentan las actuaciones precedentes del magistrado en casos de delitos contra la Humanidad, y el hecho de que Garzón les haya pedido que cumplimenten diversos requisitos procesales necesarios para la admisión.
El pasado 11 de diciembre, el magistrado también les solicitó que identificasen «concretamente las imputaciones que hacen a cada uno de los querellados y presunta participación de éstos con los hechos imputados», para fijar los indicios de participación criminal contra cada uno «en este momento procesal».
Amparándose en el principio de justicia universal, el escrito fue presentado de manera conjunta por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui y la Federación de Asociaciones de Promoción de Defensa de los Derechos Humanos. Otros cuatro familiares de desaparecidos saharauis ejercen la acusación particular.
Justicia universal
La Fiscalía considera que los hechos denunciados encajan en los criterios marcados recientemente por el Tribunal Constitucional para aplicar el criterio de jurisdicción universal. Fuentes de la Audiencia resaltan que habría que admitir la querella incluso siguiendo la interpretación más restringida seguida inicialmente por el Tribunal Supremo, que exigía algún tipo de «conexión» con los intereses nacionales. En este caso, gran parte de las víctimas mencionadas disponían DNI español, lo que cumpliría con creces el requisito. Algunas de ellas llegaron a combatir contra Marruecos bajo bandera española.
Entre los 32 querellados se encuentran varios generales y figuras prominentes de la política marroquí de los últimos tres decenios. Entre ellos destaca Dris Basri, ex ministro del Interior y hombre fuerte del reinado de Hasan II. Según los querellantes, gestionaba casi en exclusiva los temas relacionados con el Sáhara Occidental. Basri fue destituido por el actual monarca, Mohamed VI, y vive exiliado en París.
También figuran como querellados Hamidou Lanigri, ex director general de la Seguridad Nacional marroquí [la Policía] y de la DST [policía política]; Yasine Mansouri, ex director general de la Dirección General de Estudios y Documentación y consejero especial del Rey de Marruecos; Abdellaj el Kadiri, ex director general de la Dirección General de Estudios y Documentación; Abdelasis Banani, general mayor de las Fuerzas Armadas Reales; Housni ben Sliman, general de la Gendarmería Real marroquí; Ben Hima, comisario de la Dirección General de la Seguridad Nacional de El Aaiún y en la actualidad comisario en Agadir; y Abdelhafid ben Hachem, ex jefe de la Dirección General de la Seguridad Nacional y, según los querellantes, brazo derecho de Dris Basri.
El escrito denuncia «el plan sistemático de eliminación del pueblo saharaui, que se realiza de forma organizada y jerarquizada por las personas denunciadas, sirviéndose de personal a su mando y de los efectivos personales militares y paramilitares».
Según el relato de las asociaciones, «desde el 31 de octubre de 1975 hasta la actualidad el Ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui, primero en una guerra de invasión que obligó a gran parte de la población saharaui, más de 40.000 personas, a huir al desierto, siendo perseguidos y bombardeados por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación, arrojados al vacío desde helicópteros, creando un estado de terror y persecución» en el territorio del Sáhara Occidental «que se mantiene en la actualidad».
Todo ello ha dado lugar «a la desaparición de miles de personas, de las cuales por lo menos 526 saharauis, aún hoy, permanecen en esa situación, sin que sus familiares tengan conocimiento alguno de su paradero, y negándoseles por el Estado marroquí cualquier noticia sobre ellos». La querella da el nombre y apellidos de 206 de esos desaparecidos, y pide al juez que tome declaración como testigos a algunos de sus familiares.
Los casos mostrados a la Audiencia Nacional tuvieron lugar entre 1975 y 1980, aunque según el escrito no ha dejado de producirse en ningún momento. Tras la llegada de Mohamed VI, afirman los querellantes, se produjo «un recrudecimiento del sistema represivo marroquí contra la población saharaui» para mantener «el estado de terror y de sitio implantado bajo las órdenes de Hasan II».
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